Insultar a policías, los escraches y prostituirse en arcenes se multará por ley. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria compara este proyecto con la Ley de Vagos y Maleantes o la Ley de rehabilitación social del franquismo. Jueces para la democracia pide al Gobierno "no castigar a quienes expresen su disconformidad" con una ley "muy represiva" y con multas desorbitadas. Ada Colau (PAH) llama a un día de 'Desobediencia General' si se aprueba, mientras el 15-M confía en la "inteligencia colectiva" para buscar nuevas vías. El Sindicato Unificado de Policía califica de "absurdo y desmesurado" sancionar con 600.000 euros: "¿Piensan que va a ser Botín el que se manifieste?" La Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, por la que se sanciona duramente insultar a un policía, realizar escraches o grabar a agentes de seguridad, es "innecesaria", "autoritaria" y recuerda "a la ley de Vagos y Maleantes o a la Ley de rehabilitación social que existía en el franquismo", según explican las principales asociaciones de jueces de España, que detallan la intención de frenar las actuaciones críticas con el Gobierno y no la defensa de la seguridad. Encuesta ¿Es apropiada la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara Rajoy? Sí, hay que poner coto a estas protestas y prácticas y darles una respuesta contundente. No, esta ley está coartando la libertad de los ciudadanos y busca que no se pueda protestar contra el Gobierno. Se deben legislar estas prácticas, pero no del modo en el que lo está haciendo este Gobierno. Es muy represiva de actuaciones y manifestantes, castiga de una forma autoritaria muy discutible De este modo, Jueces para la democracia pide al Gobierno "convencer del acierto de su gestión y no castigar a quienes expresan su disconformidad". Para esta asociación, la ley es "muy represiva de actuaciones y manifestantes", con lo que el eje central no es la defensa de la seguridad como la criminalización de la disidencia. "Este proyecto castiga de una forma autoriaria muy discutible", afirma. Además, recuerda que la administración sanciona con multas económicas desorbitadas unas conductas que los tribunales habían considerado que no eran infracción penal. Por ejemplo, explican, los juzgados han archivado los casos por escraches, por no ser "ni delitos ni faltas, sino nuevas formas de ejercer la libertad de expresión y del ejercicio al derecho de manifestación". Así, Jueces para la Democracia concluye que ve "inconstitucionales" algunos puntos del anteproyecto. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria recalca que cualquier restricción por vía administrativa es un "límite indebido" al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. "No hacía falta prohibir escraches, ni impedir a los ciudadanos determinadas cosas. Es un exceso por parte del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia que va a cercenar el derecho a la manifestación y la libertad de expresión que recoge la Constitución, por lo tanto es una ley que más bien recuerda a la 'ley de Vagos y Maleantes' o a la 'Ley de rehabilitación social' que existía en el franquismo". Para el control de excesos, dicen, es "suficiente" el Código Penal. El Código Penal es suficiente para el control de los excesosEsta asociación cree "innecesaria" la ley, y destaca que sancionar alguna de estas conductas podría ser inconstitucional, por lo que "así podrían ser declaradas en su momento". Otras, "suponen un exceso y un desbordamiento absoluto de lo que es la facultad coercitiva del estado". Son medidas, añaden, "expropiatorias", porque eliminan el patrimonio de una persona. "El ciudadano está abocado a quedarse en casa, es una ley innecesaria". Ambas asociaciones lamentan la indefensión del ciudadano. "No tiene más remedio que acudir a la vía contenciosa administrativa y pagar unas tasas que también son elevadísimas". Se produce una "violación a la tutela judicial efectiva, al derecho de manifestación y al derecho a la libertad de expresión, que se ven doblemente cercenadas por el exceso del legislador y porque existe un difícil acceso a la función contenciosa. "¿Va a ser Botín el que se manifieste?" "Los que tendríamos que aplicarla no conocemos el anteproyecto, ni se nos ha dado participación ni posibilidad de hacer aportaciones", lamentan fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Lo que sabemos es por los medios de comunicación, y por lo que hemos escuchado es un auténtico disparate sobre todo si nos referimos a sacar cosas del Código Penal e introducirlas en esta ley". Bajo la apariencia de proteger a la policía se criminalizan concentraciones contra políticosDesde este sindicato destacan que un escrache o una manifestación no comunicada "en sí mismos no son delictivos, lo es lo que pase dentro de esa manifestación o escrache". Pero esto ya está regulado por leyes administrativas como la Ley del derecho de reunión y manifestación, donde ya se prevén sanciones. "Reiterarlo en esta ley no tiene justificación". El SUP lamenta que "bajo la apariencia de querer proteger a la policía", lo que se está haciendo es criminalizar determinadas concentraciones, "y justo en las que se realizan contra políticos, porque son las que afectan únicamente a parlamentos, casas de diputados...". Por último, califica de "desmesurado y absurdo" que se sancione con 600.000 euros una infracción de estas características. "Qué piensan, ¿que va a ser Botín el que se manifieste?". Jornada de 'Desobediencia General' La activista Ada Colau, fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha adelantado en Twitter que el día que el Consejo de Ministros apruebe esta ley, que califica como ‘anti 15-M’, "queda convocada una jornada de Desobediencia General". Es la actuación desesperada por controlar lo incontrolable Colau, en declaraciones a este medio, afirma que el Gobierno "tiene menos legitimidad que nunca" por incumplir sistemáticamente su programa electoral y estar "salpicado de corrupción". La activista cree que esta ley trata de recortar derechos constitucionales y asustar a la población limitando el derecho a protestar. "En lugar de cambiar sus políticas, cambian la ley. Es la actuación desesperada por controlar lo incontrolable, que son los movimientos ciudadanos", añade. "La protesta es la única esperanza de futuro. Si has perdido tu casa, tu trabajo o tus derechos, no tienes nada que perder y no te van a importar las sanciones". "Confiamos en la inteligencia colectiva" Fuentes de la plataforma de Difusión en Red de Acampada Sol — 15-M explican que la normativa está "hecha a medida de lo que se está haciendo en los dos últimos años en las calles", pero expresan su confianza en la gente. "Tenemos una capacidad de innovación bastante grande, porque somos mucha gente, y confiamos en la inteligencia colectiva para ir cambiando las formas de movilización". Que lo prohíben, ya se nos ocurrirá otra cosa Las manifestaciones funcionan en la medida de que han hecho una ley para intentar acabar con ellas, destacan, pero siempre tendrán un plan. "Que prohíben las acampadas, hacemos escraches. Que lo prohíben, ya se nos ocurrirá otra cosa". Así, mantienen la idea de que es completamente legítimo que la ciudadanía siga manifestándose en las calles, "participando en la política mucho más allá de votar en las urnas cada cuatro años"
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